En nuestro país, el año 1925 surge la primera ley con orientación educativa para los penales Tenía como objetivo eliminar el analfabetismo existente entre los privados de libertad al establecer como requisito para obtener la libertad condicional haber asistido a la escuela del penal y saber leer y escribir. En el año 1932 se reglamenta la educación en los penales, dándoles un carácter de Escuela Industrial, intentando así que los reclusos desarrollaran hábitos de trabajo y se capacitaran en algún área técnica.
La convicción de que la educación impartida a los internos no puede ser igual a la educación pública formal, sino que debe entregarles herramientas que les permitan rehabilitarse, es la premisa en la que se basan todas las las iniciativas tomadas a partir del año 1978. Ese año se firma un convenio entre el Ministerio de Educación y el de Justicia orientado en esa dirección.
En esa misma línea el año 1980 se crean los Centros de Educación y Trabajo – CET- estableciéndoles tres funciones básicas:
- Proporcionar a los internos formación o capacitación sistemática en profesiones u oficios mediante enseñanza técnico práctica.
- Contribuir al desarrollo de programas de alfabetización o capacitación.
- Ofrecer trabajo a los internos como parte de su formación o capacitación.
El año 1987 se fijan los planes y programas para la educación básica de adultos en las escuelas penales, donde encontramos también la presencia de un componente técnico, aprender un oficio, y uno formativo que les permita rehabilitarse.
Estos lineamientos se ven reforzados en las orientaciones generales que da Gendarmería para la educación en los recintos penales el año 1998.
